El robo de la tierra, hoy
Cuando han pasado ya más de 13 años desde la finalización formal del conflicto armado interno, la pérdida de tierras y territorio por parte de las comunidades indígenas es hoy más acusada si cabe que en décadas anteriores. El país está mapeado y repartido por unos megaproyectos que conllevan entre otras cosas el desplazamiento forzoso de población, la privatización del agua y los recursos naturales, la contaminación de los suelos y acuíferos que las comunidades utilizan para producir alimentos básicos para su subsistencia, y la represión —que en algunos casos llega hasta el asesinato— de las lógicas resistencias que tales despojos desatan. Conviene subrayar aquí la enorme implicación en estas políticas de expolio y saqueo de no pocas multinacionales europeas, que encuentran la cobertura legal necesaria al amparo del Acuerdo de Asociación (AdA) entre Centroamérica y la Unión Europea:
- Hidroeléctricas: Sólo en la región de Zona Reyna y norte del Quiché están proyectadas o en fase de construcción 36 represas. Entre las empresas implicadas están la italiana Enel y las españolas Iberdrola, Endesa y Unión Fenosa. Mención aparte merece el caso de esta última, pues su gestión está generando centenares de denuncias y una amplia contestación social, que a su vez está siendo respondida mediante una fuerte criminalización y el asesinato hasta la fecha de al menos ocho activistas comunitarios que encabezaban los movimientos de protesta.
- Minería: La explotación en Reservas de la Biosfera, la extracción a cielo abierto y la rapiña—y en muchos casos ilegalidad— con la que actuan las multinacionales como Montana Exploradora y Firestone Ventures [canadienses] están en el origen de muchas de las recientes consultas comunitarias, como las realizadas en Sipakapa, San Juan Sacatepéquez o Ixchiguán, y que han contado con el respaldo masivo de la población.
- Agrocombustibles: Las grandes compañías productoras de “combustible ecológico” —especialmente brasileñas, junto a europeas y norteamericanas— fijaron ya hace tiempo su vista en Guatemala como terreno ideal para la práctica ese negocio. La consecuencia de este interés se traduce a día de hoy en que muchas comunidades sufran la coacción y amenaza de grupos armados y se vean obligadas a vender sus tierras a unas empresas transnacionales que acumulan cada vez mayores extensiones de territorio para el cultivo de la caña de azúcar [de la cual se extrae el agroetanol] o la palma africana [agrodiesel]. Buen ejemplo de esto último lo tenemos en el Ixcán.
- Petróleo: Con un impacto ambiental y social de efectos devastadores, destacan la holandesa Shell o la británica Basic Resources. Los casos más sangrantes son la explotación en plena Reserva de la Biosfera Maya (norte del Petén), la licitación de 108 hectáreas en el área del Ixcán y la “Franja Transversal del Norte”, y otras en marcha en el Lago Izabal o el Río Dulce.
Especialmente grave es la creciente utilización para la financiación de estos megaproyectos de fondos destinados a la cooperación y ayuda al desarrollo. Sirvan como ejemplo los millones de euros que la Agencia Española de Cooperación Internacional está invirtiendo para la compra de acuíferos, privatizando así un agua que en adelante las comunidades tendrán que pagar a unas empresas concesionarias del servicio “casualmente” españolas, como Aguas de Barcelona (AgBar), etc.
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Observatorio de Multinacionales en América Latina
Resistencia de los Pueblos
Revista “El observador”
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